Las inversiones públicas dedicadas a la innovación serán exitosas si se enmarcan dentro de una nueva estrategia industrial que genere un nuevo tipo de crecimiento económico. Las empresas que reciban fondos públicos deben comprometerse a promover un crecimiento sostenible e inclusivo para corregir los desbalances del modelo vigente.
La profesora Mariana Mazzucato, especialista en economía de la innovación y valor público en el University College de Londres, ha planteado recientemente la necesidad de revisar las estrategias industriales de los países, debido a las crisis políticas, climáticas y de salud pública vividas en la presente década.
La Unión Europea y Estados Unidos invierten cerca de cuatro billones de dólares en actividades de transformación y recuperación de sus economías. En el caso particular de los estadounidenses, tales inversiones se incluyen en la llamada «estrategia moderna industrial» promovida por la administración de Joe Biden. Para muchos especialistas tiene una escala y una ambición solo comparables con las del Proyecto Apolo, que impulsó la carrera espacial en las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX.
Mazzucato sostiene que tales inversiones serán exitosas si se enmarcan dentro de una nueva estrategia industrial que genere un nuevo tipo de crecimiento económico. Para ello las empresas privadas que reciban fondos públicos deben comprometerse a promover un crecimiento sostenible e inclusivo para corregir los desbalances del modelo vigente.
Los gobiernos deben llegar a un nuevo acuerdo con el sector privado con respecto a lo que se puede esperar a cambio de la financiación pública. Esto requiere abordar esta asociación como una oportunidad para maximizar el valor público, para compartir las recompensas y los riesgos de invertir en innovación y crecimiento.
Cuando la política pública requiera acceso universal y equitativo a bienes y servicios creados con financiamiento público, los precios deben reflejar el subsidio implícito en el costo de capital requerido para producirlos. Debe darse forma a los objetivos detrás de la inversión e imponer estándares a las empresas. La descarbonización de las industrias existentes y la expansión de la innovación y el crecimiento, y el cumplimiento de los estándares ambientales, son prioridades que no deben quedar por fuera.
Para la profesora Mazzucato es vital promover Estados emprendedores, para dar forma y crear mercados en varias áreas temáticas; en particular, en los temas vinculados al cambio climático. En Estados Unidos, la energía limpia es un foco principal de las inversiones recientes, mientras que los fondos de recuperación de la Unión Europea están orientados hacia objetivos climáticos y de inclusión digital.
Alcanzar estos objetivos requiere algo más que invertir en tecnologías o industrias ecológicas. Las condiciones asociadas con una transición verde justa deberán ser transversales a todas las inversiones en estrategias industriales; por ejemplo, exigir nueva capacidad de fabricación para minimizar las emisiones de carbono y crear empleos que cumplan los estándares laborales.
La recepción de fondos públicos debe estar condicionada a compartir una proporción de regalías, capital o propiedad intelectual con el gobierno. Esto permitiría al Estado adoptar un enfoque de cartera para las inversiones: sabría que algunas tendrán éxito y otras fracasarán. Si el gobierno de Estados Unidos hubiese adquirido acciones de Tesla a cambio de su financiación inicial de 465 millones de dólares, estos ingresos podrían haberse reinvertido en otras empresas alineadas con los objetivos de transición ecológica.
Los gobiernos deben impulsar a las empresas a canalizar sus inversiones hacia actividades productivas. La Ley de Ciencia y Chips de la administración de Biden, para impulsar la innovación y la fabricación de semiconductores en Estados Unidos, incluye disposiciones para impedir que los fondos obtenidos por esta iniciativa se utilicen en recompra de acciones. Sin embargo, todavía no prohíbe que las empresas receptoras de fondos de la ley de chips puedan hacer recompras de acciones con recursos propios, una laguna regulatoria que ha llevado a muchos especialistas a solicitar que se incluyan reglas más estrictas.
En el nuevo pacto es necesario que las ganancias futuras se reinviertan en investigación y desarrollo, y en capacitación de la fuerza laboral. La estrategia industrial en muchos países aún se está configurando.
Sin condiciones contractuales que apunten a fortalecer la creación de valor para la sociedad en su conjunto, el dinero público que fluye hacia las estrategias industriales se destinará a cubrir las ganancias de las empresas y de los accionistas, y dejará al sector público solo una ganancia marginal. Lograr que estas inversiones alineen los objetivos de las agendas públicas y privadas debería ser una prioridad para los gobiernos de todo el mundo.
Carlos Jaramillo, director académico del IESA.
Este artículo se publica en alianza con Arca Análisis Económico.
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