Venezuela sin derechos

210
Fotografía: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Venezuela, alguna vez una de las democracias más estables y prósperas de América Latina, ocupa la última posición en el índice de Estado de derecho. Esta es una clara señal de que prevalece un uso instrumental de la ley como herramienta del poder político. La situación se ha visto agravada por el decreto de estado de alarma en el marco de la pandemia.

María Gabriela Mata Carnevali / 23 de febrero de 2021


 

El fortalecimiento del Estado de derecho es un objetivo importante en todo el mundo. Para que sea efectivo se requiere claridad sobre las características fundamentales que lo definen, así como una base adecuada para su evaluación.

El Índice de Estado de derecho presenta un panorama de la situación en 128 países, mediante puntajes y jerarquías en ocho factores: 1) límites al poder gubernamental, 2) ausencia de corrupción, 3) gobierno abierto, 4) derechos fundamentales, 5) orden y seguridad, 6) sometimiento a las reglas, 7) justicia civil y 8) justicia penal. La evaluación se basa en las percepciones de las poblaciones nacionales y expertos en justicia de todo del mundo (World Justice Project, 2020).

Venezuela, que alguna vez fuera una de las democracias más estables y prósperas de América Latina, ocupa la última posición. De hecho, ha estado en el último lugar por tres años consecutivos. El informe de este año destaca que, en el ámbito regional, es la última de la lista en los ocho factores estudiados. En el ámbito mundial repite la última posición en las categorías 1 (límites al poder), 6 (sometimiento a las reglas) y 8 (justicia penal); además, se ubica entre las últimas cinco en el resto de ellas, a excepción del factor 2 (corrupción), en el cual aparece en la posición 117 de 128. La puntuación general es un vergonzoso 0,27 sobre 1, que implica un descenso estadísticamente significativo en derechos humanos de -0,02 (World Justice Project, 2020).

Incluso para quienes no creen en los índices, esta es una clara señal de que Venezuela está lejos de garantizar que «todas las personas y organizaciones dentro del Estado, ya sean públicas o privadas, están sometidas —o tienen el derecho a beneficiarse de— leyes promulgadas prospectivamente y administradas públicamente en los tribunales», según la comprensión general del concepto de Estado de derecho (Bingham 2010: 48). En pocas palabras, en Venezuela no hay derecho que valga, porque prevalece un uso instrumental de la ley como herramienta del poder político (Waldron, 2020).

La situación ha empeorado en todos los frentes a un ritmo vertiginoso, después de años de negligencia y mala administración de ingentes recursos, por parte de los regímenes autocráticos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Bajo la llamada revolución socialista del PSUV, la economía de Venezuela se ha derrumbado, las libertades políticas y civiles han sido groseramente conculcadas y la corrupción ha invadido la administración pública (McCain Institution, 2019).

Esto ha sido posible debido a la inexistente separación de poderes. El gobierno y una Corte Suprema sumisa a sus dictámenes despojaron efectivamente a la Asamblea Nacional de la mayoría de los poderes, sin dejar «ningún espacio para el debate» (International Comission on Justice, 2019).

La Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro, mediante Decreto No. 2.830, el 1 de mayo de 2017, en un clima de extrema polarización política, actuó hasta su reciente disolución como un parlamento de facto, desconociendo su naturaleza, lo que la coloca más allá del imperio de la ley. Entre otras cosas, rescindió la inmunidad parlamentaria de los representantes de la Asamblea Nacional, destituyó al fiscal general y aprobó medidas electorales, administrativas y legislativas en apoyo de la agenda del Ejecutivo (CIJ, 2019).

Ahora la ilegitima nueva Asamblea Nacional, producto de unas elecciones cuestionadas internacionalmente, se prepara para secundar abiertamente el ejercicio de Maduro con «reformas urgentes a un grupo de leyes para hacerlas más simples y funcionales» (El Nacional, 22 de enero de 2020). Como si esto fuera poco, existe una evidente presión política sobre el poder judicial, que se ha visto privado de su independencia e imparcialidad, lo que se traduce en falta de acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves y generalizadas de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad (CIJ, 2019). Según la ONU, estas violaciones «equivalen a crímenes de lesa humanidad» (UN News, 2020).

La misión internacional independiente de determinación de los hechos, en sus conclusiones publicadas en septiembre del año pasado, citó pruebas de ejecuciones ilegales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas en el país desde 2014. «Es probable que altas personalidades militares y ministeriales estuvieran al tanto de los crímenes», dijeron los investigadores, lo que abre la puerta a la justicia internacional (UN News, 2020).

La covid-19 le está dando a Maduro un pretexto para silenciar a los críticos y consolidarse en el poder. Según Casal y Morales (2020), el estado de alarma decretado el 13 de marzo de 2020 no solo contradice las disposiciones constitucionales para los estados de excepción, sino que se emplea para imponer limitaciones abusivas a los derechos humanos, agravar la represión política y la persecución, desdibujar la gravedad de ciertos problemas socioeconómicos y contener las protestas sociales.

Como afirma Bulmer (2018), las disposiciones de emergencia son necesarias porque permiten al Estado responder de manera efectiva a las crisis. Sin embargo, muchos gobiernos han abusado traspasando los límites democráticos. En su opinión:

 

Si están bien diseñadas y se aplican correctamente, las disposiciones de emergencia son un mecanismo de autodefensa, una forma de garantizar la resiliencia democrática al proporcionar el poder necesario para hacer frente a amenazas y desafíos graves en el marco de la ley. Pero, muchos gobiernos las han utilizado de manera inapropiada, no para restaurar la normalidad democrática sino para eludir cualquier canal de responsabilidad, hostigar a los disidentes, manipular elecciones, censurar a la prensa y, en última instancia, dejar de lado una constitución nominalmente democrática e imponer un régimen abiertamente dictatorial (Bulmer, 2018: 6).

 

Tal es el caso de Venezuela. La ausencia de controles judiciales y parlamentarios que pudieran contrarrestar estos excesos de poder ha dado lugar a un giro autocrático, en un contexto que ya era autoritario. Si bien en varias regiones del mundo se han intensificado los esfuerzos para recuperar cierta «normalidad», interrumpida por la pandemia, en Venezuela es necesario restablecer la normalidad democrática para recuperar el Estado de derecho.


María Gabriela Mata Carnevali, profesora del Área de Relaciones Internacionales y Globales, Universidad Central de Venezuela / @mariagab2016

 

Referencias

  • Bingham, T. (2010). The rule of law.
  • Bulmer, E. (2018). Emergency powers. International IDEA Constitution-Building Primer 18 International. Institute for Democracy and Electoral Assistance. https://aceproject.org/ero-en/emergency-powers-international-idea-2018
  • Casal Hernández, J. M. y Morales Antoniazzi, M. (2020, 22 de mayo): States of emergency without rule of law: the case of Venezuela. Verfassungsblog on Matters Constitutional. https://verfassungsblog.de/states-of-emergency-without-rule-of-law-the-case-of-venezuela/
  • El Nacional (2020, 22 de enero). Maikel Moreno ordenó al Parlamento chavista aplicar «reformas urgentes» a un lote de leyes. https://www.elnacional.com/venezuela/maikel-moreno-ordeno-al-parlamento-chavista-aplicar-reformas-urgentes-a-un-lote-de-leyes/
  • International Commission on Justice (2019). No room for debate. The National Constituent Assembly and the crumbling of the rule of law in Venezuela. https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/07/Venezuela-No-room-for-debate-Publications-Reports-Fact-finding-mission-reports-2019-ENG.pdf
  • Mc Cain Institution (2019). Human rights, democracy and Rule of Law in Venezuela: making the case by the Democracy & Human Rights Working Group. https://www.mccaininstitute.org/working-group-making-the-case-for-human-rights-in-venezuela/
  • UN News (2020). Venezuela abuses amounted to crimes against humanity: UN-appointed panel. https://news.un.org/en/story/2020/09/1072512
  • Waldron, J. (2020). The rule of law. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/rule-of-law
  • World Justice Project (2020). Rule of law index. https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2020